Uno de los obstáculos para conocer el verdadero estado de las cuentas públicas es que es el propio Gobierno quien controla su ejecución. Naturalmente, el Ejecutivo está muy poco interesado en revelar los desfases que se producen entre las previsiones y la realidad. Por ello, y en el marco de la necesidad de un equilibrio presupuestario, proponemos la creación de una Oficina que dependa del Congreso. Debería controlar la correcta ejecución de las cuentas públicas y elaborar previsiones económicas de forma independiente.
La sangría del desempleo y el enorme esfuerzo de contención salarial que está realizando el sector privado plantean la necesidad de una función pública más eficiente. Desde 1984, existe un complemento de exclusividad destinado a gratificar «el especial rendimiento» de los funcionarios. Pero su aplicación es arbitraria e ineficaz. El Gobierno debería modificar el artículo 24 del Estatuto Básico para incrementar el peso de la productividad en el salario. Además, debería reformar el artículo 95 del Estatuto para que se consideren faltas graves o muy graves -que comportan la pérdida de la condición de funcionario- el absentismo y la falta de rendimiento.
Uno de los mandatos constitucionales pendientes de desarrollo es el ejercicio del derecho a la huelga. La Constitución establece expresamente que debe ser regulado por ley, pero ningún Gobierno se ha atrevido a hacerlo en más de tres décadas para evitar un enfrentamiento con los sindicatos. La huelga salvaje de los controladores del año pasado pone en evidencia la necesidad de esta norma. La sociedad española está suficientemente madura para que el Parlamento legisle sobre el derecho de huelga, manteniendo un equilibrio entre esta prerrogativa y los derechos de los ciudadanos. El núcleo esencial de la legislación debería ser la regulación de los servicios mínimos en caso de paros que afecten a sectores como el transporte o la sanidad y el establecimiento de mecanismos obligatorios de arbitraje.
El actual sistema de cobertura del desempleo carece de incentivos para encontrar empleo. Hay que cambiar la filosofía del sistema y ofrecer estímulos económicos a los parados que se muevan para encontrar empleo. Igualmente, se debería establecer un sistema de mayores bonificaciones fiscales para las empresas que contraten parados de larga duración. Por el contrario, hay que extremar la inspección contra el fraude y retirar la prestación a los parados que rechacen una oferta adecuada a su cualificación. Por último, no tiene sentido mantener un PER que agudiza el clientelismo electoral y se presta al engaño.
El Gobierno promoverá una reforma de la negociación colectiva en la que primarán los convenios suscritos en cada empresa sobre los de carácter sectorial o territorial. Los convenios expirarán al término de lo acordado por las partes, eliminándose la prorroga automática. Las empresas podrán descolgarse de los convenios en caso de pérdidas en el último ejercicio o de una fuerte caída de la cartera de pedidos.
La reforma de la negociación colectiva que acaba se sacar adelante el Gobierno se ha quedado muy corta, de suerte que no es exagerado decir que ha nacido muerta. Por ello. el Ejecutivo que salga de las urnas debería profundizar en esa reforma, esencial para que la economá española pueda volver a crear empleo. Proponemos que los convenios sucritos en cada empresa tengan primacía sobre los firmados a nivel autonómico o estatal. Y facilitar las cláusulas de descuelge de las empresas en caso de pérdidas o caída de la demanda, dado que la crisis exige una rápida adaptación a las condiciones del mercado.
Los sindicatos se han resistido en los últimos años a aceptar la modificación del contrato indefinido con el argumento de que ello aumentaría la precariedad en el mercado de trabajo. La realidad es que el paro ha ido aumentando desde finales de 2008 hasta alcanzar casi los cinco millones de desempleados. La situación es tan dramática que exige la búsqueda de nuevas fórmulas de contratación que incentiven la creación de puestos de trabajo. Proponemos la introducción de un nuevo contrato indefinido con indemnización a partir de los 8 días hasta llegar progresivamente a los 30 por año trabajado. Igualmente, nos parece necesario dar marcha atrás en la supresión de límites a los contratos temporales, lo que puede generar fraude y abusos.
El principal problema de la economía española es su incapacidad para crear empleo. La política económica del Gobierno que salga de las urnas tiene que orientarse a ese fin. Proponemos la concesión de incentivos fiscales a las empresas que reinviertan sus beneficios en inversión o actividades productivas. Sería muy positiva también la libertad de amortización durante varios ejercicios. Por último, el Gobierno debería establecer desgravaciones o reducción de las cotizaciones sociales a la creación de empresas por parte de autónomos..
Algunas estimaciones de Hacienda cifran en cerca de 50.000 millones de euros anuales el fraude fiscal en España. La mayor parte de esa suma proviene de la economía sumergida, que según los expertos se sitúa en torno a un 20% del PIB. Pero también existe fraude entre los profesionales que no tienen una nómina y las grandes empresas que utilizan los paraísos fiscales en operaciones de dudosa legalidad. La descoordinación de la Administración y la imposibilidad de cruzar datos de sus distintos organismos favorecen la evasión fiscal, por lo que proponemos el nombramiento de un delegado especial con amplias competencias que coordine la lucha contra el fraude, que pasa también por reforzar la inspección de Hacienda.
Aunque se ha avanzado en los últimos años en la armonización fiscal europea, todavía existen importantes diferencias entre las políticas impositivas de los países de la UE. Proponemos una reducción de los tipos del Impuesto de Sociedades, una progresiva equiparación del IVA al de los países de la Eurozona y la definitiva supresión del Impuesto del Patrimonio, que atenta contra el ahorro. También habría que evitar la doble tributación de los dividendos. Dejando un margen de libertad a cada Gobierno para modular el IRPF, la presión fiscal debería situarse en el promedio de la UE.
Una de las causas de la crisis que sacude a las economías europeas es la descoordinación de las políticas económicas entre los distintos países miembros, que ha producido situaciones de profunda asimetría. Es evidente que la actual situación requiere la creación de una autoridad europea en materia de economía y finanzas, que obligue a los Estados a políticas convergentes y basadas en el equilibrio presupuestario. Se hace necesaria también la emisión de unos eurobonos que devuelvan la confianza a los mercados y eviten pagar una prima de riesgo excesiva.
-NOTA DE VREDONDOF: - - SCL -El Parlamento sacará del artículo 410 del Código Penal la desobediencia a los tribunales y lo establecerá como delito contra la Constitución y las instituciones del Estado. El castigo deberá ser proporcional a la jerarquía de quien desobedece y del tribunal cuya sentencia se ignora. En casos graves, será sancionado con penas de cárcel.
El delito de desobediencia a una sentencia de los tribunales está castigado en la actual redacción del Código Penal con sanciones de multa y hasta un máximo de dos años de inhabilitación. No hay proporción entre dicha sanción y la gravedad de una conducta como la de la consejera de Educación de la Generalitat, que se niega a ejecutar una sentencia del Supremo. Por ello, hay que revisar la tipificación de este delito para funcionarios y cargos públicos y endurecer las penas, que deberían llegar a ser de cárcel para las conductas más graves como negarse a acatar una sentencia que prohibiera la convocatoria ilegal de un referéndum. Y ello porque el cumplimiento de las sentencias forma parte del principio de tutela judicial efectiva y de las exigencias de seguridad jurídica que comporta todo Estado de Derecho.
-NOTA DE VREDONDOF: - - SCL -La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal potenciará la mediación para las faltas y los delitos menores. Se modernizará la oficina judicial para acortar los tiempos de los procedimientos y se creará una base de datos única para todos los juzgados. Se suprimirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La saturación de los juzgados exige adoptar una serie de medidas para agilizar la Justicia. Una primera iniciativa podría ser la creación de la figura de un mediador para las faltas y los delitos menores, que sólo llegarían a juicio en caso de desacuerdo entre las partes. También resulta necesaria la modernización de la oficina judicial, acompañada de la creación de una base de datos única para todos los juzgados. Por otro lado, proponemos la reforma del Código Penal para eliminar lo que nos parece absurdo: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida el año pasado y que carece de sentido porque sólo delinquen los individuos.
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