REGRESO AL ESTADO CACIQUIL

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“Si (mi hijo) fuera tonto, o disminuido físico o psíquico, con perdón para éstos, y no hubiera en donde enchufarlo… pero tiene su carrera y su destino final (presidente de la Diputación)”

“Ya todo el mundo sabe que soy un cacique, pero a mí me siguen votando y a ellos no”

“A mí no me echan unas elecciones. Me voy cuando yo quiero”

José Luís Baltar, ex – presidente de la Diputación de Ourense

A raíz del último escándalo acecido con las diputaciones – la imputación del ex – presidente de la diputación de Ourense, José Luís Baltar – debemos retomar el tema del que ya hablamos en el último artículo de los supuestamente necesarios recortes de gasto público que se están llevando a cabo. Primero, debemos tener claro ante la propaganda que nos bombardea incesantemente, que estos recortes no son necesarios, que son asimétricos y contraproducentes. Son, totalmente, injustos porque se producen solo en un sentido, no atacan los verdaderos problemas del despilfarro, la malversación de fondos públicos, los privilegios de un reducido grupo y están estratégicamente diseñados mediante una política mediática de manipulación y ocultación de la realidad para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis.

Desde que salió a la superficie el movimiento de indignación y desafección con el sistema – conocido como el 15-M – que se encontraba latente en gran parte de la sociedad, ya no es que no hayamos tenido ningún indicio ni el menor atisbo de una mayor democracia directa y participativa o, una modesta regeneración democrática, sino que la imperfecta democracia representativa actual – dado el total desprestigio de sus partidos políticos – está siendo cada día más mutilada con el objetivo de apartar del espacio público a los ciudadanos y privatizar la participación política. 

Caso de Cospedal en su señorío manchego, que pretende – tras un gesto teatral – que solo se dediquen a la política las “personas de bien y con posibles” como en épocas pasadas de infausto recuerdo. Un nuevo golpe a unos ciudadanos que ya están sobradamente expulsados de la política ante el desencanto que les producen las actuaciones de sus representantes electos.

Aprovechando el descrédito del actual sistema democrático y adelantándose a potenciales descalabros electorales sus actuales dirigentes – utilizando un hipócrita populismo e ilimitadas argucias – están cercenando los mecanismos de representación popular mediante una burda propaganda, que tergiversa los hechos, que pretende afianzar aun más un régimen caciquil de democracia censitaria. 

Las demagógicas medidas impulsadas por el PP pretenden apropiarse del actual clima de indignación – como si ellos no fueran responsables del descrédito de las instituciones – en provecho propio para ocultar las verdaderas intenciones de unas reformas que desvirtúan y coartan la representación popular en favor de la perpetuación en el poder de la actual oligarquía.

Los cambios acaecidos – una huida hacia adelante para tapar las grietas del sistema – comenzaron hace año y medio cuando los dos grandes partidos, PP y PSOE, impulsaron cambios en la Ley Electoral que, prácticamente, imposibilitaban la concurrencia electoral de los pequeños partidos. La continuación fue la negativa a la reforma de la Ley Electoral para que ésta fuera más representativa y proporcional. No sólo eso, sino que han conseguido que sea aún más complicado conseguir representación electoral. Lo siguiente fue el ataque a la función pública y los servicios públicos que han sido condenados como responsables de la crisis y criminalizados. 

Lo último la  reforma de los entes locales que reducen en un 31% el número de concejales electos y reducen el número de ayuntamientos. Todas ellas son medidas que consolidan el bipartidismo, la desigualdad social y territorial y, dificulta cualquier tipo de regeneración moral y democrática de un sistema que, actualmente, está corroído por la corrupción y el mayor descaro.

Las preguntas son claras 

¿por qué atacar a los ayuntamientos? 

¿Por qué a los funcionarios? 

¿Por qué arrasar los servicios públicos?

 ¿Por qué no, puestos a acabar con las duplicidades, suprimimos las diputaciones provinciales que cuestan 22.000 millones?

Las respuestas son, igualmente, evidentes, pero se niegan a los ciudadanos. Los objetivos son ocultados: la expulsión de los ciudadanos de la vida pública; que no puedan ejercer ningún tipo de control de los cargos elegidos por una minoría; y, la privatización del patrimonio público a manos de la misma reducida oligarquía que controla los resortes del poder. 

Además, el impulso de órganos no elegibles como las diputaciones facilita que se pueda hacer un uso discrecional de los prepuestos públicos, la colocación a dedo de todo tipo de personas, sin ningún tipo de prueba como la que es obligatoria para muchos empleados públicos que están siendo despedidos. Uno de los ejemplos más claros del tipo de reformas que se están impulsando es José Luís Baltar, imputado por un delito de prevaricación continuada en la contratación que convirtió la diputación en la segunda empresa con más empleados de Ourense y dejó a su hijo como heredero de la misma.

Con estas reformas en la Administración se pretenden ahorrar 6.315 millones. De ellos 3.500 millones en los entes locales. Pero, en realidad lo que se hace es afianzar los mecanismos y las conductas que posibilitan la malversación de fondos públicos. Ni cambian las personas ni sus formas de actuar. Es un gesto de cara a la galería con perversas intenciones.

 La corrupción urbanística en los ayuntamientos fue fomentada por la Ley del Suelo de José María Aznar y sus gobiernos, en total, connivencia con el PSOE. Fue impulsada desde el gobierno central y nunca se pusieron límites. Todo lo contrario porque favorecía los pelotazos urbanísticos de grandes terratenientes, poderes financieros y empresariales y, poseedores de suelo. Ejemplos tenemos muchos. Uno de los muchos fue colocar la estación del AVE de Guadalajara a una decena de kilómetros de esta ciudad para favorecer a la familia de Esperanza Aguirre. Ella y su familia han dado diversos pelotazos urbanísticos por la geografía nacional por valor de decenas de millones de euros. 

Nadie se para a pensar en las consecuencias de este aparente futuro ahorro. Ese ahorro no calcula los variados costes sociales de dejar abandonados y sin servicios a los habitantes de esos municipios. El empobrecimiento de los trabajadores públicos que acentúa más la depresión. 

El desmantelamiento de los servicios públicos que supondrán una enorme merma en la calidad de vida de los españoles. Además, de una sustancial subida de precios que empobrecerá aun más a los trabajadores y una brutal perdida de riqueza y patrimonio común. No se paran a pensar que el 70% de los concejales no cobran y que los desmanes serían muy fácilmente atajados con un control más estricto ¡Pero, si la mayoría son de sus propios partidos! ¡Son sus compañeros! ¡Pero, es que, quien está haciendo todas estas “reformas”, es quien ha permitido e impulsado todas esas tropelías! y, como hemos dicho, no desde los entes locales sino desde el gobierno central y el sistema financiero. 

Los ambiciosos sin escrúpulos que se han corrompido acabarán colocados de asesores, conductores, secretarios, “emprendedores” o algún otro cargo.

Debemos tomar perspectiva y analizar los datos en conjunto, no dejándonos llevar por ejemplos aislados que fomentan una visión sensacionalista e interesada de la realidad. 

En España, existen unos 8.116 ayuntamientos que acercan la administración y los servicios públicos a los ciudadanos. Estos ayuntamientos solo son responsables del 3,5% de la deuda pública española. Solo uno de ellos – Madrid – es responsable del 22,5% del total de esta deuda gracias a los sueños megalómanos – con una alta dosis de corrupción constructora – del actual ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón. El segundo responsable, a una gran distancia, es el de Barcelona con el 3,9% de la deuda total. Solo 10 ayuntamientos aglutinan el 40% de la deuda. Dados estos datos objetivos arrasamos con el resto de los ayuntamientos. Pero, es que, ahora, Madrid con una deuda que dobla – más de 6.300 millones sin sumar los intereses a perpetuidad – el supuesto ahorro que se pretende realizar en la reforma de los entes locales, quiere gastarse otros 1.670 millones – que luego, evidentemente, se multiplicaran vía dádivas –  en los JJ.OO de 2020.

El ahorro no está en la supresión de los ayuntamientos – y menos entrando a golpe de motosierra – sino en mejorar la gestión y acabar con la corrupción. 

Suprimiendo ayuntamientos no se atajan los problemas porque se seguirá manejando el patrimonio común como si fuera el cortijo de unos cuantos terratenientes, banqueros, caciques, empresarios, advenedizos, nobles, religiosos, etc. que se encuentran en total connivencia. 

Lo fundamental es que ningún político tenga más privilegios que un ciudadano cualquiera, es decir, ninguno; que sea obligatorio que tengan que usar todos los servicios públicos que deben gestionar de forma honrada, honesta, eficiente y eficaz. Necesitamos servidores públicos, no como hasta ahora, empleados al servicio de la élite económica a la que pertenecen o aspiran a pertenecer, del medro, que están permanente prevaricando contra el interés general. Sabemos que todo esto es, ahora mismo, una utopía, pero es una de las utopías por las que debemos luchar y para eso nos tenemos que implicar en los asuntos que nos conciernen a todos.

Las actuales reformas son el golpe definitivo a la democracia española. Ante la desafección ciudadana y el desprestigio de unos partidos mayoritarios en caída libre, el gobierno del PP quiere reducir concejales y diputados autonómicos electos por los ciudadanos y dar un poder mayor a las Diputaciones provinciales. En donde no existe ningún tipo de control, siendo dirigidas de forma arbitraria y discrecional. Un lugar donde se pueden “enchufar” a todos los familiares, compañeros, amigos, etc., y pagar todo tipo de favores a cambio de lealtades y monedas. 

Con las actuales reformas se recortan los servicios públicos – se han hecho recortes de miles de millones en sanidad, educación, ciencia y tecnología, pensiones, salarios, etc. – y se acrecientan los focos de corrupción antidemocrática, al mismo tiempo, que gastamos miles de millones en rescatar a un sistema financiero que pertenece y está al servicio de la actual oligarquía dirigente. Se recorta en democracia y control popular: concejales y diputados regionales. Y, se perpetúa una institución semifeudal de control social y corruptelas caciquiles como son las diputaciones provinciales.

Como hemos dicho, anteriormente, uno de los principales exponentes de la política populista y demagógica que pretende socavar el control de los ciudadanos y la participación política – una vez, retirada de la primera línea de juego Esperanza Aguirre – es María Dolores de Cospedal que, en lugar de comenzar los recortes por ella misma renunciando a tres de los cuatro sueldos públicos que percibe – ya de por si suculentos – ha preferido despedir a 10.000 empleados, convertir el parlamento manchego en una S.A sólo accesible a la élite económica – esa misma liderada por su marido a la que pretenden regalar la sanidad pública – y subir el sueldo a sus asesores, por supuesto, nombrados a dedo. Es el fácil e hipócrita recurso al chivo expiatorio, mientras, los gastos discrecionales, la opacidad y los favores a los incondicionales no paran de crecer.

Pues este es el Estado que quiere el gobierno. Un Estado oligárquico sin caretas. Ya no se guardan ni las mínimas formas. Un Estado donde los órganos no electos tengan preponderancia. Unos lugares – las diputaciones – donde sus presidentes puedan dirigir conforme a sus deseos y caprichos más provechosos. 

Todos estos señores son algunos de los muchos que se encontraban en los consejos de las cajas dando créditos a voluntad. Ninguno ha entrado en la cárcel, pocos han dimitido, todos siguen teniendo un alto nivel de vida.  No quieren que muchos trabajadores tengan un salario ni mucho menos que éste sea digno. Pero, ellos pueden tener 12 o 13 cargos con sus respectivos sueldos. Estos son algunos ejemplos, no son los únicos, pero, sí son los más desvergonzados, por ahora:

1. Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, 12 cargos con sus dietas y salarios. No hace mucho dijo, en apoyo a los recortes de Marinos Rajoy: “No puede ser que sea gratis todito”.
2. Agustín González, presidente de la diputación de Ávila, un trabajador afanoso con 13 cargos generosamente remunerados. Aprobó las cuentas de Bankia, pero, según dijo,  no tenía conocimientos financieros porque era “maestro de primaria” y veía la situación de la entidad con “absoluta normalidad”.
3. Atilano Soto, ex presidente de la diputación de Segovia, que compatibilizó con su actual cargo de presidente de Caja Segovia. Según dice aprobó las cuentas de Bankia “en un ejercicio de generosidad”.
4. El inefable Carlos Fabra, envuelto en toda clase de casos de corrupción y que ha heredado la diputación de Castellón como hicieron, anteriormente, 5 antepasados suyos.También, padre de la innombrable diputada que gritó en el congreso – refiriéndose a esos “parásitos sociales” que son los parados - ¡Qué se jodan! Por cierto, no ha dimitido y, posiblemente, espera heredar el cargo de su padre.
5. José Joaquín Ripoll, ex presidente de la diputación de Alicante, que tuvo que dimitir por estar envuelto en un caso de corrupción, mientras, las familias populares divididas entre Campistas y Zaplanistas se disputaban a navajazos este señorío feudal.

Este es el más crudo regreso de la España caciquil. En cierto modo nunca se fue. 

En España, al Antiguo Régimen nunca fue derrotado. Los liberales perdieron en el S.XIX. Los que quedaron aceptaron un régimen corrupto de turno de partidos. En la Guerra Civil, el republicanismo y el liberalismo fueron arrasados junto con los masones, el socialismo, el movimiento libertario, el comunismo, la democracia, los derechos sociales y laborales, la libertad religiosa, la igualdad, la reforma agraria, los derechos de las mujeres, etc. 

Los movimientos nacidos de la Ilustración fueron aniquilados en nuestro país. España quedó abocada a un régimen oligárquico fundado en las esencias imaginarias de un fanático engendro llamado así mismo NacionalCatolicismo – a imagen de su admirado NacionalSocialismo alemán – que perpetuaba el semifeudalismo que había caracterizado la evolución del Antiguo Régimen en España.

Este régimen semifeudal puede, fácilmente, rastrearse en la estructura de la propiedad de la tierra donde hay zonas en las cuales el 50% de ella está en manos del 2% de los propietarios.La total opacidad que rodea a la verdadera estructura de la propiedad y la endogamia en la que se mueven las familias propietarias. La fortuna del Rey que asciende a casi 2.000 millones que no se sabe de donde provienen, cuando ésta era casi inexistente a la muerte de Franco. La fortuna de la familia Botín, valorada en 2.000 millones, encontrándose gran parte en Suiza desde finales de la Guerra Civil. Muchas de las grandes fortunas actuales se hicieron durante la guerra y la dictadura. Y, en la democracia han seguido recibiendo subvenciones, empresas públicas, propiedades, además de, estar exentos del pago de impuestos. Los privilegios de la Iglesia, exenta del pago de impuestos, con cientos de miles de propiedades y que recibe anualmente 11.000 millones del Estado. 

En resumen, un país, España, donde el 0,0035% de la población posee unas fortunas semejantes al 80,5% del PIB.

En esto consiste la contrarreforma que está llevando a cabo el gobierno, que ataca las libertades individuales y sociales. Obstaculiza el acceso a la justicia de los ciudadanos, al tiempo, que impulsa la represión policial y política. 

Recorta los derechos laborales de los trabajadores al tiempo que pretende cercenar el derecho a la huelga. Impone una educación que proyecta primar la enseñanza concertada que, en realidad, es enseñanza católica – en Madrid, el 88% de los colegios concertados son católicos – que nos retrotrae a los años dorados de la educación más reaccionaria, acientífica y antinatural. 

Una educación que será usada a modo de control social 

¿Cómo se puede hablar de regeneración democrática y moral en un país donde sus más insignes académicos hablan de un asesino como Millán Astray de “incansable intelectual” o hacen carantoñas a un genocida como Franco?

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Autor del articulo -

REGRESO AL ESTADO CACIQUIL

de lavozdebida de Emilio José

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Wikipedia -

Caciquismo (España) - Wikipedia, la enciclopedia libre  

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El sistema caciquil tuvo, según todos los indicios, su principal fortaleza en el ....parcialmente la aceptación del golpe de estado del general Primo de Rivera, en ...

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