La asociación de marras denunciaba “la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del BdE, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario durante los años de mandato del señor Caruana”. Si el citado, uno de los protegidos de Rodrigo Rato, se fumó un puro mientras veía crecer el incendio, su sucesor al frente del organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, colocado por el Gobierno Zapatero, se ha dedicado a tocar la lira desde los tejados del hermoso caserón de la calle Alcalá mientras, en plan Nerón, veía arder la ciudad por los cuatro costados.
El gran incendio está hoy focalizado en Bankia, pero el humo y las llamas asoman por cualquier esquina de la city madrileña.
A punto de cumplirse los cinco meses desde que el Gobierno Rajoy llegara al poder, la reforma del sistema financiero, que se ha tragado ya dos Reales Decretos-ley y un Amazonas de tinta, sigue prácticamente en tal estado. Peor incluso, porque las cifras de las necesidades de saneamiento no dejan de crecer.
Unos meses preciosos perdidos, en el fondo y en la forma, por ausencia de una estrategia definida y meditada para abordar de raíz el problema. Como el enfermo terminal que, en un último y desesperado esfuerzo, decide viajar al exterior para someterse a un tratamiento en una clínica de prestigio, el ministro de Economía ha decidido nombrar ahora a dos cirujanos extranjeros para que nos digan el tamaño del cáncer y sus metástasis. En contra de lo que pudiera parecer, no ha sido una decisión impuesta por los “hombres de negro”. La decisión se la sirvió en bandeja el propio Luis de Guindos cuando, ante los responsables del FMI de visita en Madrid, manifestó no fiarse un pelo “de los papeles y las cifras que me pasa el Banco de España”.
Muchos advirtieron a De Guindos que era un suicidio pretender sanear el sistema bancario sin contar con la complicidad activa del BdE
Y, sin embargo, el ministro sabe que el mejor cirujano de los posibles está precisamente en Madrid. Hablamos de los servicios de Inspección del BdE, los inspectores firmantes de la carta antes citada, un cuerpo de profesionales altamente cualificados dependiente de la Dirección General de Supervisión que hoy dirige Jerónimo Martínez Tello. Todo se ha hecho mal en este terreno, o casi. Todo, de espaldas al BdE, porque nadie se fía de su gobernador. Ahí arranca el problema. Es opinión generalizada que el Gobierno tendría que haber cesado a Fernández Ordoñez el 1 de enero sin más dilación. Fueron muchos los que advirtieron a De Guindos que era un suicidio pretender abordar un programa de saneamiento integral del sistema bancario sin contar con la complicidad activa del BdE, en general, y de su gobernador, en particular. Pero Guindos, por un legalismo tal vez absurdo en las dramáticas circunstancias actuales, prefirió mantenerlo, aunque hay quien sugiere ahora en las propias filas del PP que lo que de verdad buscó con ello fue guardarse en la manga el as que supone contar con un pagano al que echar las culpas en caso de fracaso.
“Lo único que necesitábamos los inspectores para ponernos a trabajar era que el Gobierno nos liberase de las cadenas, nos quitara el tapón que en estos años ha supuesto MAFO y su segundo, el subgobernador Aríztegui. Desaparecido ese obstáculo, hubiéramos podido hacer una radiografía completa del sistema de cajas y bancos en mes y medio, porque nadie mejor que nosotros conoce el percal, y hacerlo con un margen de error de más/menos el 10%, lo cual hubiera dado al Ejecutivo una herramienta de gran importancia para tomar sus decisiones”. De Guindos, que en el otoño/invierno pasado mantuvo varias reuniones con los inspectores para conocer de primera mano la situación del Banco, se ha negado a recibirlos desde que es ministro. Los errores están a la vista.
Hacer el trabajo en casa, sin necesidad de los Goldman Sachs
El primero ha consistido en contaminar todo el sistema bancario español con la sombra de la sospecha, al obligar a realizar más y más provisiones a todo el mundo, sin discriminar entre entidades sanas y enfermas. El camino que desde el servicio de Inspección del BdE sugieren es otro. A partir de aquella radiografía hecha en casa, y sin necesidad de recurrir a gente tan cara y tan poco fiable como los Goldman Sachs de turno, Economía tendría que haber procedido a separar las entidades fiables de las no fiables. “En el primer caso, y siempre y cuando su margen de explotación fuera positivo, dejar a los bancos sanos seguir su camino, sin atosigarlos con nuevas provisiones cada dos por tres.
En su lugar, De Guindos tendría que haberse dedicado en cuerpo y alma al pelotón de los torpes”. En cuyo caso, de no atreverse a promover la quiebra de aquellas Cajas merecedoras de liquidación por culpa del aventurerismo y/o la grosera politización de de sus gestores, El Gobierno tendría que haber procedido a nacionalizar las entidades enfermas, haciendo con ellas un gran banco público –que es precisamente el camino por el que ahora, siempre tarde, parece inclinarse Economía-, con separación abrupta en dos partes: la estrictamente bancaria y los activos inmobiliarios.
El drama es que aquí nadie dice la verdad; todos mienten como bellacos, porque mentir en España sale gratis
Fusionar, ordenar y capitalizar, para convertir esa banca pública en un operador del mercado de crédito, dispuesto a intervenir activamente como un intermediario financiero más en el mercado, mientras sanea la pata inmobiliaria y pone activos en el mercado a uña de caballo, para desbloquear y reactivar el mercado inmobiliario cuanto antes. Naturalmente que asumir la necesidad deachatarrar parte del sistema financiero tendría un coste. Primero, en términos de PIB y, segundo, en necesidades de capital, para lo que seguramente resultaría imprescindible pedir ayuda a la UE. Pero las ventajas serían obvias: la primera y fundamental es que de una vez por todas se pondrían las bases para arreglar el problema, haciendo posible fijar un calendario creíble de salida de la crisis, algo de lo que ahora carecemos, y, además, permitiría recuperar en unos años parte importante de lo invertido mediante la privatización de esa banca pública.
Nada de eso se está haciendo. Cinco meses ya de supuesta reforma financiera y seguimos atascados en el barro. Ahora se encarga una nueva valoración de los balances a dos supuestos evaluadores independientes extranjeros, dos multinacionales de la cosa que dirán lo que el Gobierno, que es quien paga, quiera que digan, pero que, eso sí, nos permitirá dar la impresión de que seguimos haciendo algo. Y en esto llega Bankia y convierte la galbana en pesadilla. El viernes supimos que la entidad perdió 2.979 millones en 2011, aunque hace dos meses el equipo dirigido por Rato aseguró solemnemente haber ganado 305 millones. Ahora sabemos que Bankia necesitará una nueva inyección de dinero público de 19.000 millones, a sumar a los 4.465 ya recibidos vía FROB. Pero, ¿quién nos asegura que serán 19.000 y no 29.000 o más? El drama de este país es que aquí nadie dice la verdad; todos mienten como bellacos, no importan los títulos y dignidades que supuestamente les avalen. Este es el reino de la mentira, y lo es porque mentir en España sale gratis.
Retrato de país quebrado y, además, roto
Ayer mismo, el señor Goirigolzarri, nuevo capo de Bankia, dijo que “no he venido aquí a depurar responsabilidades”.
Seguramente no le compete a él esa tarea, pero si al Gobierno de la nación que, sin embargo, se ha apresurado a aclarar que tampoco va a pedir responsabilidades a los anteriores gestores, culpables del mayor rescate financiero de la historia de España.
El amigo Goiri llegó ayer incluso a exculpar a Rato. Está claro: la oligarquía político-financiera que nos gobierna, y su legión de disciplinados servants, hará cualquier cosa menos levantar las alfombras y llevar ante los jueces a los responsables del desastre. Lo van a tener, empero, muy difícil. Lo de Bankia es apenas el aperitivo, tal vez ni siquiera la cuarta parte del iceberg bancario que tenemos escondido. ¿Cien mil millones de euros? ¿Tal vez 150.000? Nadie lo sabe, porque nadie dice la verdad.
Lo que cada vez está más claro es que España y su Gobierno no van a tener más remedio que acudir al fondo de rescate europeo (EFSF, en sus siglas en inglés) a pedir ayuda para sanear nuestro sistema financiero.
Llamar a la puerta del European Financial Stability Facility (EFSF), como primero hizo Grecia y luego Portugal e Irlanda, ya no es una hipótesis sujeta a interpretaciones, sino una cuestión apenas sometida al cómo y cuándo. Cuanto antes, mejor. Lo cual supondrá asumir la pérdida de nuevas cuotas de soberanía y aceptar las duras condiciones que nos impongan. Le queda al Gobierno Rajoy la posibilidad de negociar las mejores condiciones posibles, las menos gravosas, evitando imposiciones “a la griega”.
Se trata de negociar bien, esa es la cuestión. Pedir esa ayuda supondrá, sobre todo, aceptar un fracaso colectivo como nación. España es un país quebrado y, además, roto, como quedó demostrado el viernes en la final de la Copa del Rey.
Arruinados y peleados. Pobres y mal avenidos. No hay un caso similar en toda la Unión Europea. Lo cual nos aboca a cambios drásticos –por supuesto dramáticos- no solo en materia económica, sino y sobre todo, de naturaleza política.
El proyecto de país que nos dimos a la muerte de Franco ha fracasado.
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